En medio de diferencias con el gobierno de Abelardo de la Espriella, la reducción de recursos para 2027 y la falta de interlocución con el Ejecutivo, el magistrado Alejandro Ramelli culmina dos años a la cabeza de un modelo de justicia transicional, cuyo futuro se debate en el Congreso.

A pocos días de finalizar su periodo como presidente, Ramelli habló con Colprensa y aseguró que, pese a sus continuos intentos, no tuvo reuniones ni acercamientos con el Presidente y tampoco con el ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien le compete coordinar la instancia de articulación entre el Gobierno y la JEP. Además, advirtió que los recortes obligarán a la Jurisdicción a volver a un escenario virtual, tal como en la pandemia.

¿Existe alguna posibilidad jurídica de recuperar los recursos que fueron recortados en el presupuesto de 2027?

Por el momento, es lo que está. Ahora, que se puedan presentar acciones judiciales de diferente naturaleza, yo no lo descarto. Podrían presentarse acciones públicas de inconstitucionalidad contra el presupuesto, tutelas o acciones populares. Incluso vi que hay unas víctimas que solicitaron medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que esperar el trámite que usualmente les da la Comisión para mirar si se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia y demás para decretar la medida e impartir órdenes al Estado colombiano.

¿La JEP ha recibido alguna respuesta de la Corte Penal Internacional frente a la solicitud que presentó?

No, no hemos recibido ninguna respuesta. No sé cuál es el término que ellos tienen, pero lo que puedo decir es que hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Corte.

¿Por qué la JEP no ha presentado un plan de austeridad, como otras entidades del Estado?

Nosotros como todas las entidades del Estado, somos conscientes de la austeridad y de que hay que bajar los gastos. De hecho, lo venimos haciendo. En los últimos dos años hemos ahorrado entre 25.000 y 26.000 millones de pesos con el plan de austeridad. Seguíamos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo.

Pero el escenario cambia con esa reducción de $170.000 millones, porque ahora tendremos que tomar unas decisiones en el órgano de gobierno para ver cómo vamos a gestionar el tema de los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la seguridad de las víctimas.

Nosotros pagamos sus esquemas de seguridad, pagamos sus abogados y tenemos audiencias. Tenemos que sentarnos a mirar con mucha calma cuáles van a ser las medidas que debemos adoptar para que esos derechos, el debido proceso y la actividad judicial no se paralicen ni se afecten. Es una discusión técnica que va a tomar un tiempo, porque cualquier decisión tiene un impacto.

Estamos en eso. De hecho, mañana (27 de octubre) tenemos un órgano de gobierno dedicado únicamente a revisar el panorama y cuáles podrían ser las líneas de acción. Eso todavía no está definido; hasta ahora estamos mirando qué posibilidades jurídicas tenemos.

¿Qué avances dejará en la definición de ese plan antes de terminar su periodo como presidente de la JEP?

Desde que advertimos esa reducción en el Congreso, incluso desde antes, veníamos mirando qué plan de austeridad severo o intenso tenemos que realizar. Por eso ya tenemos insumos para presentarles a los colegas. Eso no lo hicimos ayer; llevamos un buen tiempo preparándolo.

Hay que mirar, por ejemplo, cuáles son los gastos de inversión que podemos trasladar a funcionamiento y cuáles sí y cuáles no. Son aspectos presupuestales y técnicos que hay que examinar, pero ya se tomarán las decisiones. Yo dejaré lo más avanzado que pueda. No sé si en la semana que me queda se tomen decisiones o no, pero lo estamos haciendo. Lo dejaré lo más armado que pueda y creo que esa es mi responsabilidad.

¿En qué gastos concretos ha ahorrado la JEP esos $25.000 o $26.000 millones?

Hay unas disposiciones que aprobamos en el órgano de gobierno para que las audiencias se programen con suficiente anticipación. ¿Para qué? Para que los tiquetes, por ejemplo, sean más baratos.

Hemos dicho, y nos duele un poco decirlo, que hay que limitar el número de víctimas que pueden ir a la audiencia. Las otras se conectan virtualmente. A algunas, las más cercanas, les garantizamos que estén en la audiencia, pero hay otras que no podemos llevar. Entonces, hay otras fórmulas.

Se ha economizado en el tema de los pasajes y en buscar los alojamientos con mayor antelación. Todo consiste en que estamos siendo más estrictos en la programación y eso termina generando ahorros.

También hemos economizado haciendo virtual lo que no es indispensable que sea presencial. Es un poco como volver a la pandemia, porque durante la pandemia también estuvimos trabajando de esa manera. Incluso creo que, dentro de las medidas que habrá que pensar, está casi que volver a la pandemia y que mucha actividad tenga que ser virtual. Ahora, eso no es lo mismo. No es lo mismo porque estamos hablando de trabajo psicosocial y de acompañamiento a víctimas, y los medios virtuales no son lo mismo que los presenciales. Pero son medidas.

En el órgano de gobierno tomamos esas decisiones hace más de un año y eso permitió hacer esos ajustes, que ahora van a tener que ser incluso mucho más intensos.

¿Ha habido algún acercamiento del Gobierno en estos tres meses?

Ninguno. La única comunicación que hemos recibido es una del Ministro de Justicia, en el sentido de que va a convocar, o convocó, para el 12 de noviembre la instancia de articulación. Esa es la única comunicación que oficialmente he recibido de parte del actual Gobierno.

Yo le envié hace tiempo una comunicación al Ministro de Justicia diciéndole que era muy importante que la convocaran. Yo no puedo hacerlo; eso le corresponde al Gobierno. Creo que se han demorado bastante.

También hay unos grupos de trabajo que tienen que estar funcionando continuamente y llevar sus resultados a la plenaria. Eso tampoco se ha reunido y también depende del Ministerio de Justicia.

Celebro que haya esa reunión, porque, además, esa instancia está contemplada en el actual Plan Nacional de Desarrollo. También le envié una comunicación al Ministro diciéndole que es muy importante que en el nuevo plan se incluya, si no de la misma manera, algo muy parecido. Eso es esencial para que las sentencias se puedan cumplir, porque finalmente la financiación de las sentencias es responsabilidad del Gobierno, no nuestra. Eso ni siquiera está en nuestro presupuesto y ahora menos. Quien tiene que financiarlas es el Gobierno.

¿Por qué la JEP calificó como matoneo digital y ataques personales los cuestionamientos hacia la magistrada Lemaitre?

Hay límites que se cruzaron hace rato. Nosotros respetamos, como tiene que ser en una democracia, el control que haga el Congreso de la República. De hecho, durante el trámite del presupuesto tuvimos mucho diálogo con las bancadas. Eso es una democracia. Pero una cosa es que se solicite información, que toda la hemos entregado, y otra es que se pasen unos límites éticos que ya tocan aspectos de la dignidad de la gente.

Nosotros jamás nos oponemos a que se pida toda la información. Les hemos dado toda la información y podrán sacar sus propias conclusiones. También hay bastante desinformación frente a eso. Lo que sí nos parece inaceptable es el ataque personal.

Uno puede compartir o no una acción judicial, perfecto, pero lo que no puede hacer es atentar contra la dignidad. Ahí sí nosotros alzamos la voz y decimos: mire, usted ya pasó unos límites. Una cosa es el control político o las opiniones que tengan y otra cosa es ese tipo de bullying y de violencia digital, que además tiene un claro tufillo sexista, si se puede llamar así. Eso es incluso mucho más despreciable.

Hemos insistido es en que los videos son descontextualizados. Toman un pequeño fragmento de una audiencia que dura diez horas para tratar de decir que hay una cercanía o un trato que no debe ser. Es un trato amable, un trato cordial que se le da a cualquier compareciente, sea de la fuerza pública o de las extintas Farc.

De hecho, la magistrada es, yo creo, la que con más profundidad investigó a las Farc en Colombia. Entonces, uno se pregunta dónde está la familiaridad y dónde está la cercanía. Pues por ninguna parte. Me parece que eso es malintencionado, porque no se valora en conjunto toda una actividad judicial y simplemente, si me perdona la palabra, se agarran de cualquier cosa.

¿Esos videos fueron obtenidos mediante una fuente que accedió a información reservada?

No, eso es puro cuento. Toda esa información es pública. Precisamente, cuando nos referimos a desinformación, es porque esa información ya no tiene reserva. Hay una sentencia en firme, de hecho, con dos instancias.

La justicia transicional tiene que ser así. Nosotros publicamos todo. No hay ningún secreto ni nada oculto. No es que nosotros lo estuviéramos ocultando. Todo lo que ya pasa al Tribunal, lo que pasa de las salas, deja de tener reserva. Se levanta la reserva precisamente para que toda la comunidad pueda enterarse de la actividad judicial.

¿Qué opinión le merece el proyecto de ley de sometimiento que está a días de definirse?

Me llamó mucho la atención encontrar elementos restaurativos en la ley de sometimiento. Entonces uno dice: ¿El modelo no fue tan malo? ¿Cuáles son las críticas?.

Que hay que adoptar medidas restaurativas para restablecer los derechos de las víctimas. Eso es lo que hacemos aquí todo el día. Que tienen que buscar a los desaparecidos, eso es lo que hacemos. Que tienen que reparar, eso es lo que hacemos.

Incluso la ley de sometimiento también habla de que las víctimas tendrán una participación protagónica y de que serán ellas mismas las que decidan qué tipo de sentencias restaurativas serían propias. Eso es lo que no termino de entender.

A pesar de las críticas y de todo lo que quieran decir, que una persona condenada busque desaparecidos, ayude a encontrar a los desaparecidos o contribuya a restaurar el buen nombre es algo que ahora se está considerando en la sociedad colombiana como una medida para el sometimiento. Eso no pasaba hace unos años.

¿Qué respaldo ha recibido la JEP de las altas cortes en medio de las tensiones con el Gobierno?

Nosotros tenemos muy buena relación con las altas cortes. En lo personal, conozco hace tiempo a más de uno. Ellos siempre nos han manifestado su apoyo, todas las cortes.

En algunas entrevistas que he visto también lo han hecho, y en conferencias que he seguido también. Creo que el apoyo está ahí. Siempre ha estado y confío en que siga estando.

Por ejemplo, en algún momento el mismo presidente de la Corte Suprema dijo: “Dejen terminar a la JEP en el tiempo que es”. Es decir, que no le recorten el periodo y que le dejen el presupuesto que corresponde. Yo he advertido una actitud solidaria por parte de ellas.

/COLPRENSA