El gobierno
del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene lista la hoja de ruta que
marca su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con el que destapa las claves,
estrategias y megaproyectos para el próximo cuatrienio, entre las que incluye
un PIB del 6%, metas en seguridad nacional y planes para la reconstrucción de
las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El
documento, cuyo borrador conoció en su integridad La FM, define en siete ejes
la propuesta política, económica, social e institucional que orientará las
decisiones públicas de la nación, que incluye el Régimen RUGE, recuperar el
control territorial, crear el Fondo Milagro, el regreso del fracking, el
incremento de producción petrolera y una reforma en educación.

El borrador
de las Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Colombia, la patria milagro”, fue
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La
iniciativa fundamenta su narrativa en la transformación estructural del país,
argumentando que “la Patria no es solamente el territorio que aparece dibujado
sobre un mapa”, sino una construcción común de bienestar, seguridad y justicia.

El texto
plantea la necesidad de un cambio de trayectoria nacional. Según expone, “nuestro
propósito puede expresarse de una manera sencilla: Colombia tiene que cambiar
de barrio. Tenemos que abandonar definitivamente el barrio del atraso, la
violencia, la informalidad, la desigualdad, la corrupción, la baja
productividad y la resignación, y entrar al barrio de las mejores naciones del
mundo”.

En ese
sentido, la meta expresada en el borrador fija como ambición situar a Colombia
entre las 25 naciones más prósperas, seguras y democráticas del planeta.

Para
articular la ejecución de las políticas públicas, el documento define pilares
éticos y operativos. Destaca la Extrema Coherencia, concebida como la regla
moral de gobierno para reconciliar principios con decisiones presupuestales y
operativas, e introduce el concepto de Movimiento Popular, entendido como el
ejercicio de la ciudadanía activa y organizada dentro del orden constitucional
de 1991.

Asimismo,
se erige el Patriotismo Constitucional como el marco de respeto a la separación
de poderes, las libertades públicas y la institucionalidad democrática.

El
documento del Plan Nacional de Desarrollo organiza sus contenidos estratégicos
y de inversión en siete ejes estructurantes:

Eje 1: El
Milagro de las Regiones.

Eje 2:
Talento, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (Educación).

Eje 3: Patriotismo
Constitucional (Seguridad, Defensa, Justicia y Democracia).

Eje 4: El
Milagro Social.

Eje 5:
Milagro Económico.

Eje 6:
Transformación del Estado: un Estado con propósito.

Eje 7:
Reconstrucción, Transformación y Resiliencia.

El Milagro
de las Regiones: planificación desde los territorios y megaproyectos de
desarrollo

El primer
eje del documento propone una ruptura conceptual con la tradición centralista
de la planeación estatal.

El texto
señala expresamente que “no vamos a construir un Plan Nacional de Desarrollo
concebido desde el centro para después distribuirlo entre las regiones. Vamos a
construir un Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones, con las regiones y
para las regiones”.

Esta visión
territorializa la inversión a partir de la identificación de ventajas
productivas y necesidades específicas.

Para
operativizar este enfoque, el PND organiza el territorio en trece regiones
estratégicas de planificación y desarrollo:

Caribe: La
Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba.

Santanderes:
Santander y Norte de Santander.

Antioquia:
Departamento de Antioquia.

Eje
Cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío.

Chocó:
Departamento del Chocó.

Valle del
Cauca: Departamento del Valle del Cauca.

Cauca y
Nariño: Departamentos de Cauca y Nariño.

Centro:
Bogotá D.C. y Cundinamarca.

Boyacá:
Departamento de Boyacá.

Centro Sur:
Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.

Orinoquía:
Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Amazonía:
Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Insular:
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En el
aspecto metodológico, el borrador reemplaza la búsqueda inercial de condiciones
habilitantes por la adopción de decisiones habilitantes. Esto implica
identificar primero las iniciativas de gran impacto y posteriormente emitir las
determinaciones normativas, administrativas y de gestión pública necesarias
para concretar su ejecución.

Los
megaproyectos actuarán como motores de transformación y estarán complementados
por la Misión Crecer, coordinada desde la Vicepresidencia de la República, y
por el seguimiento a más de 2.000 obras locales de impacto cotidiano
coordinadas por la Consejería Presidencial para las Regiones.

Entre las
iniciativas productivas e infraestructurales reseñadas en el texto base
destacan:

Nueva
Empresa Cívica del Capitalismo Popular (NEC) en el norte del Cauca, para la
transformación agroindustrial de cosechas con participación de productores
locales en la propiedad.

Nueva Empresa
Cívica (NEC) en La Unión (norte del Valle del Cauca), basada en la experiencia
de conservación y empaque de frutas.

Centro de
datos del Parque Tecnológico La Cascada en Tunja (Boyacá), desarrollo del
aeropuerto Juan José Rondón en Paipa y abastecimiento hídrico desde el embalse
La Copa.

Parque
tecnológico de Galapa (Atlántico), enfocado en la industria de paneles
fotovoltaicos.

Modernización
de la refinería de Ecopetrol y acueductos rurales en Barrancabermeja
(Santander).

Proyecto
agrícola Mato Grosso y distrito de riego y drenaje en Casanare.

Educación
como eje central del desarrollo: enfoque LEA, principios y desideologización de
las aulas

El borrador
institucional separa la educación del capítulo puramente social para erigirla
como un eje independiente y prioritario del progreso nacional. Apoyándose en
referentes filosóficos y de desarrollo humano, el documento postula que “la
educación será un eje propio y prioritario del desarrollo nacional. Dejará de
ser concebida como un capítulo dentro de lo social”.

Un objetivo
fundamental expresado en el texto es la articulación del archipiélago educativo
en un sistema integral. La estrategia busca tender puentes mediante el Marco
Nacional de Cualificaciones y esquemas de homologación por créditos entre la
educación superior, la formación profesional del SENA, la Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y el reconocimiento de aprendizajes
previos.

La
propuesta didáctica y pedagógica se fundamenta en el Enfoque LEA, estructurado
sobre tres dimensiones esenciales:

Leer:
Comprender, interpretar y traducir los signos de la realidad para el
discernimiento reflexivo.

Escribir:
Expresar la creación, la libertad y el pensamiento como don y aporte a la
sociedad.

Amar:
Asumir el lenguaje de las acciones humanas dirigidas a la búsqueda del bien
común y el desarrollo integral.

El borrador
defiende la centralidad de la dignidad humana y los valores judeocristianos y
occidentales en la formación. Al mismo tiempo, promueve el florecimiento cívico
a través de la estrategia SER (Saber la verdad, Elegir en libertad, Realizar el
bien común), complementada por el programa HOGAR para fortalecer la vinculación
de las familias con los entornos educativos.

En cuanto a
la gestión y seguridad de las instituciones educativas, el documento decreta la
desideologización de los ambientes de aprendizaje. La política oficial
establece textualmente que “la fuerza pública y las instituciones de seguridad
del Estado podrán ingresar a ellos [los espacios universitarios] para proteger
y garantizar esos derechos, en cumplimiento de sus funciones y con respeto por
la Constitución y la ley, sin necesidad de autorización de las directivas
universitarias”. Finalmente, el documento busca posicionar a Colombia en el
ámbito internacional bajo la estrategia FARO (Florecimiento, Acoger, Respetar,
Ordenar)y el compromiso de extrema coherencia VERA (Verdad, Ética,
Responsabilidad, Apertura).

Patriotismo
Constitucional, Seguridad y Justicia: modelo de autoridad y lucha contra la
corrupción

El Eje 3
concibe el orden legal de la Constitución de 1991 como la garantía política
fundamental de la nación. En sus apartados iniciales declara que “nuestra
democracia no ha de definirse apenas como un mecanismo electoral… la
democracia colombiana ha de reconocerse como Patriotismo Constitucional”.

En materia
de Seguridad y Defensa, el Plan impone una estrategia de recuperación del
control territorial bajo la consigna “El Estado llega para quedarse”. Las
acciones prioritarias abarcan:

Despliegue
de Fuerzas de Tarea Conjunta, inteligencia civil y militar en los epicentros
del crimen organizado.

Combate
directo a las economías ilícitas: narcotráfico, extracción ilegal de minerales,
contrabando y lavado de activos.

Creación
del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, el fortalecimiento de los GAULA y
la desarticulación de las redes de crédito informal usurario conocidas como gota
a gota.

Recuperación
de entornos urbanos y escolares frente al microtráfico y el reclutamiento de
menores.

Protección
de la infraestructura estratégica nacional y del capital natural (agua, bosques
y biodiversidad) frente a la deforestación y el sabotaje.

Plan de
bienestar, atención en salud, vivienda y respaldo jurídico para el personal de
la Fuerza Pública, veteranos y sus familias.

Respecto a
la Defensa de la Democracia, el borrador prohíbe explícitamente la “combinación
de todas las formas de lucha” y combate la milicianización política.

Señala
expresamente que se perseguirá el denominado voto fusil o presión de actores
armados sobre el electorado —estimado en casi cuatro millones de votos
comprometidos en comicios anteriores— y se enfrentará la compra de votos, con
especial énfasis en zonas como la región Caribe.

Al evaluar
los compromisos de paz, el documento recuerda que este representa el tercer y
último gobierno constitucionalmente obligado a incluir un capítulo específico
sobre el Acuerdo Final de 2016.

En el
sector Justicia, el Plan sostiene que “la paz será fruto de la justicia”.
Rechaza las negociaciones de carácter ideológico con grupos alcohólicos o
criminales desprovistos de estatus político.

Para
descongestionar los despachos judiciales, implementará una plataforma nacional
automatizada para tramitar derechos de petición y evitar el uso masivo de
tutelas por incumplimientos de la administración.

Además,
promoverá los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y establecerá
la responsabilidad penal de las personas jurídicas junto con programas
obligatorios de cumplimiento corporativo (compliance).

En la Lucha
contra la Corrupción, el Plan la clasifica como crimen organizado. Por ello
crea el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción bajo la dirección directa del Presidente
de la República. Las medidas incluyen:

Eliminación
de transacciones burocráticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, publicando
la gestión de recursos de congresistas en plataformas digitales de acceso
libre.

Expedición
de un nuevo Estatuto de Contratación Pública que limite la contratación directa
y fortalezca la competencia.

Transformación
del SECOP con herramientas avanzadas de analítica de datos e inteligencia
artificial para detectar colusiones y sobrecostos.

Creación de
la figura de Defensores de lo Público, integrando la formación en ética pública
y vigilancia estatal en el servicio social estudiantil de la educación media.

En Relaciones
Exteriores, el texto reafirma el alineamiento con las democracias occidentales
y la soberanía nacional. Prioriza la cooperación internacional en seguridad, la
modernización de los instrumentos de extradición y la digitalización de
trámites consulares mediante sistemas biométricos y prerregistro migratorio.

El Milagro
Social: Sistema General Social, predistribución y Nuevas Empresas Cívicas

El cuarto
eje conceptualiza la política social desde la Doctrina Social de la Iglesia y
los principios de dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad.

El texto
afirma que “lo social no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a
la responsabilidad que tenemos con la dignidad humana y con el destino de
Colombia”. El horizonte trazado por la administración busca consolidar un capitalismo
popular que garantice la autonomía económica de las familias.

Para
superar la dispersión institucional, se crea el Sistema General Social. Esta
estructura integra la información y las prestaciones de salud, pensiones,
educación, vivienda, nutrición, deporte y servicios públicos. De este modo, la
administración migra de un modelo asistencialista a un Estado Estratégico capaz
de prever riesgos y acompañar las trayectorias de las personas hacia la
formalidad.

El marco
conceptual introduce la predistribución como estrategia complementaria a la redistribución
de impuestos. Consiste en permitir que los sectores vulnerables y las
comunidades participen directamente en la creación de riqueza y en la propiedad
de activos estratégicos desde el inicio del proceso productivo.

En este
marco nacen las Nuevas Empresas Cívicas (NEC). Definidas como el brazo
empresarial del Movimiento Popular, las NEC integran el esfuerzo de pequeños
productores y comunidades con la gestión privada y el acceso a tecnologías de
gran escala.

Otras
medidas de impacto directo consignadas en el borrador social son:

Protección
integral a la familia y adultos mayores: Fortalecimiento del rol de las Cajas
de Compensación Familiar como articuladoras de la inclusión laboral y los sistemas
de cuidado para niños, ancianos y personas con discapacidad.

Formalización
laboral: Creación de rutas ágiles para que trabajadores independientes y
microempresarios accedan a la seguridad social y al crédito bancario.

Investigación
científica en salud: Promoción de la industria farmacéutica nacional dedicada
al desarrollo de tratamientos basados en sustancias naturales y biodiversidad
local.

Soluciones
integrales de agua potable: Autorización para que el 1% de la inversión
obligatoria de proyectos con licencia ambiental que captan agua pueda
destinarse directamente a la construcción de infraestructura de agua potable en
municipios con desabastecimiento crítico.

Ampliación
de gas social: Extensión de la contribución de fomento al Gas Licuado del
Petróleo (GLP) para nutrir el Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural
sin elevar las tarifas del usuario residencial.

Milagro
Económico: meta de crecimiento del 6%, Régimen RUGE y estrategia de
conectividad nacional

El borrador
del Plan Nacional de Desarrollo fija una meta macroeconómica de alto
rendimiento: situar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en tasas
sostenidas superiores al 6% anual, proyectando eventualmente episodios de
expansión de dos dígitos.

En sus
consideraciones económicas, el texto señala: “Colombia no es un país pobre. Es
un país empobrecido. Empobrecido por la corrupción, la violencia, el
desgobierno, el centralismo y una dirigencia que prefirió administrar carencias
antes que liberar las fuerzas creadoras de la Patria”.

La política
Macroeconómica ratifica el respeto a la independencia del Banco de la República,
el cumplimiento estricto de la Regla Fiscal y la simplificación tributaria con
la modernización de la DIAN.

Para
dinamizar la inversión masiva de capital, el Plan crea el Régimen Único para
Generar Estabilidad Empresarial (RUGE). Este instrumento otorga a los proyectos
de inversión elegibles una estabilidad jurídica y tributaria de 16 años sobre
el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio. El incentivo aplicará a
sectores estratégicos como infraestructura, energía, minería, agroindustria,
tecnología y turismo.

En el
ámbito productivo y de formalización, la hoja de ruta dispone:

Consolidación
del Capitalismo Popular: Participación del ciudadano y de los trabajadores como
accionistas reales en las Nuevas Empresas Cívicas (NEC).

Lucha
contra la usura: Sustitución del crédito informal por inclusión financiera
bancaria y condonación parcial de capital en el Fondo Nacional de Garantías
para deudores en dificultades que se reincorporen al sistema formal.

Ruta
Milagro: Acompañamiento integral de las Cámaras de Comercio para la
formalización empresarial y eliminación de trámites innecesarios.

Desarrollo
Agrario Integrado: Formalización de predios, expansión de 1,5 millones de
nuevas hectáreas de la frontera agrícola y reforma al crédito agropecuario a
través del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.

Potencia en
Bioeconomía: Creación del sistema nacional de bonos de carbono, agilización del
licenciamiento ambiental con la ANLA mediante la Ventanilla Única Ambiental y
el programa Bosques por Colombia.

Revolución
Industrial de Materiales: Puesta en marcha del Plan Estratégico de
Abastecimiento de Materiales de Construcción (PEAMC) con compras públicas
preferentes a la industria nacional.

En materia
de Infraestructura de Transporte y Conectividad, el borrador articula una red
multimodal:

Corredores
Viales: Estrategia Vías de la Patria Milagro concentrada en 8 corredores
primarios estratégicos, junto con el programa Caminos del Tigre para la
intervención de vías secundarias y terciarias.

Reconstrucción
de Conexiones en el Chocó: Plan especial de conectividad para las vías
Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira y la evaluación del proyecto logístico
Cupica-Caribe.

Recuperación
Fluvial: Dragado permanente y navegación comercial en el río Magdalena entre
Barrancabermeja y los puertos de Barranquilla y Cartagena.

Modernización
Aeronáutica: Programa Colombia vuela sostenible para la producción de
combustibles de aviación de bajas emisiones (SAF) y el desarrollo de centros de
mantenimiento regional.

Seguridad
Vial y Transporte Público: Reforma integral al Código Nacional de Tránsito y
creación de la Ruta Única Nacional de Atención Integral a Víctimas de
Siniestros Viales.

En el
sector Minero-Energético, el Plan reafirma que el petróleo, el gas y el carbón
son palancas fundamentales para la sostenibilidad fiscal. Fija como meta
recuperar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo,
garantiza la soberanía del gas natural —impulsando yacimientos continentales, costa
afuera y el desarrollo del gas asociado al carbón—y habilita el aprovechamiento
de Yacimientos No Convencionales mediante técnicas de fracking bajo
monitoreo ambiental en zonas como Cesar-Ranchería y el Magdalena Medio.

Asimismo,
promueve la exploración de minerales estratégicos (cobre, oro, esmeraldas y
tierras raras)y la construcción de plantas de urea a partir del carbón nacional
para abastecer el mercado agrícola.

Reforma del
Estado y reconstrucción nacional tras el sismo de 2026

El sexto
eje aborda la reorganización del aparato público para transformarlo en un Estado
con propósito. La estrategia de reestructuración administrativa se sustenta en
tres principios rectores:

Esencialidad:
Justificación del funcionamiento y presupuesto de cada entidad pública según
sus resultados directos, eliminando duplicidades administrativas y reduciendo
el gasto burocrático.

Ventanillas
Únicas: Unificación de trámites y servicios compartidos (nómina, compras
públicas, tecnología y gestión documental) para reducir costos operativos y
agilizar la atención ciudadana.

Competencias
Claras: Delimitación precisa de funciones entre la Nación, los departamentos y
los municipios bajo criterios de eficiencia, concurrencia y subsidiariedad.

El séptimo
y último eje atiende la contingencia ocasionada por el terremoto registrado el
10 de agosto de 2026, con afectación principal en el occidente colombiano. Para
financiar y coordinar la atención de la emergencia y la superación de sus
secuelas, se crea el Fondo Milagro.

Las líneas
operativas consignadas para la reconstrucción contemplan:

Hábitat y
Vivienda: Proyectos integrales de reparación, reforzamiento estructural o
reasentamiento de viviendas urbanas y rurales.

Servicios
Públicos y Equipamiento: Restablecimiento prioritario de sistemas de acueducto,
alcantarillado, redes de energía, infraestructura educativa y centros de
atención médica.

Recuperación
Productiva y Empleo: Programas de financiación y asistencia técnica para
reactivar cultivos, sistemas de riego, pequeños comercios y unidades pesqueras,
complementados con esquemas de empleo temporal en las obras de reconstrucción.

Resiliencia
e Infraestructura Segura: Actualización de los estudios de amenaza geológica en
los planes de ordenamiento territorial municipal para que toda nueva obra
cumpla con estándares estrictos de resistencia sísmica y mitigación del riesgo
ambiental.

Rendición
de Cuentas: Monitoreo público de la ejecución financiera y física del Fondo
Milagro con meta de culminación trazada hacia el año 2030.

Claves del
tema, en cuatro preguntas:

¿En qué
consiste el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del gobierno de Abelardo de
la Espriella?

El Plan
Nacional de Desarrollo 2026-2030, titulado “Colombia, la patria milagro”,
establece la hoja de ruta del cuatrienio estructurada en siete ejes
estratégicos para impulsar un crecimiento del PIB superior al 6%, la seguridad
nacional, el capitalismo popular y la reconstrucción de las zonas afectadas por
el terremoto del 10 de agosto de 2026.

¿Cuáles son
los siete ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia?

El
documento organizativo del Plan Nacional de Desarrollo divide sus políticas e
inversiones en el Milagro de las Regiones, Talento e Innovación Educativa,
Patriotismo Constitucional, Milagro Social, Milagro Económico, la
Transformación del Estado y la Reconstrucción por sismos y resiliencia.

¿Qué
medidas económicas e impositivas plantea el Plan Nacional de Desarrollo?

El borrador
del Plan crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el
cual otorga estabilidad jurídica y tributaria de 16 años a la inversión privada
en sectores clave, promoviendo además la recuperación de la producción
petrolera, el regreso del fracking y el desarrollo de Nuevas Empresas Cívicas.

¿Cómo
aborda el nuevo Plan Nacional de Desarrollo la seguridad y la lucha contra la
corrupción?

El texto
prioriza el Patriotismo Constitucional mediante la recuperación del control
territorial con las Fuerzas Armadas, el combate directo a las economías
ilícitas, la creación del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y la
Corrupción, y el uso de inteligencia artificial en la contratación pública.

/la fm