¿Hay que pagar para trabajar en las playas de Santa Marta? La extorsión estaría cobrando hasta por alquilar una silla
Las amenazas y los cobros ilegales estarían metiéndose en cada actividad del negocio turístico, desde el alquiler de sillas hasta la venta de comida y los recorridos en lancha. ¿Quién está protegiendo a los trabajadores que viven del turismo en Santa Marta?
Lo que debería ser una jornada normal de trabajo frente al mar puede convertirse en una preocupación permanente para quienes dependen del turismo en Santa Marta. Alistar las sillas, organizar las carpas, vender un almuerzo o preparar una lancha para recibir visitantes son actividades que, según las denuncias conocidas, estarían sometidas a presiones criminales.
Una publicación de El Tiempo volvió a poner sobre la mesa esta realidad: la extorsión estaría alcanzando actividades tan cotidianas como alquilar una silla en la playa. De acuerdo con el informe, los cobros también afectarían la venta de platos de comida y los recorridos en lancha, bajo amenazas contra quienes se niegan a pagar.
La preocupación también alcanza a empresarios del sector marítimo. El pasado 29 de octubre, durante una intervención ante la Asamblea del Magdalena, Juan Carlos Ospino, empresario vinculado a Taximarino, denunció amenazas contra su familia y sus compañías, y aseguró que habían sido declaradas objetivo militar por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Su denuncia adquirió mayor relevancia después del incendio del catamarán Tayrona II, ocurrido el 10 de noviembre en la Marina Internacional de Santa Marta. La embarcación terminó destruida por las llamas y el Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido oficialmente que el incendio tenga relación con las amenazas denunciadas por el empresario.
El negocio turístico bajo presión
El problema tiene antecedentes documentados. En marzo de 2026, una investigación de El Espectador describió cómo las extorsiones estarían afectando hoteles, restaurantes, transportadores, operadores turísticos y pequeños comerciantes de Santa Marta.
Posteriormente, un informe de la Fundación Ideas para la Paz, divulgado en julio, advirtió sobre la dimensión económica de esta práctica y estimó ingresos mensuales de entre $6.000 y $7.000 millones para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, derivados de las extorsiones en el corredor turístico entre Santa Marta y Palomino.
La situación tiene consecuencias que alcanzan a toda la ciudad. Cuando un trabajador debe entregar parte de lo que produce para evitar amenazas, sus ingresos disminuyen, su familia queda expuesta y el negocio pierde capacidad para sostenerse. Además, el visitante puede terminar enfrentándose a un destino cuya actividad económica está condicionada por el miedo.
¿Dónde están las autoridades?
La pregunta que dejan estas denuncias es inevitable: ¿qué están haciendo las autoridades para impedir que las estructuras criminales sigan imponiendo cobros a quienes trabajan en las playas?
La Alcaldía, la Policía Metropolitana, la Fiscalía y las autoridades encargadas de la seguridad turística tienen la responsabilidad de investigar, proteger a las víctimas y garantizar que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin presiones ilegales.
Santa Marta vive del turismo, miles de familias dependen de los visitantes y de las oportunidades que genera el mar. Por eso, las denuncias sobre cobros por alquilar sillas, vender comida o realizar recorridos marítimos deben ser atendidas con resultados concretos.
El turismo no puede convertirse en una economía al servicio de la extorsión. Quienes llegan a disfrutar de las playas deberían encontrar tranquilidad y quienes trabajan en ellas deberían tener garantías para ganarse la vida sin pagarles a los criminales.