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´A Miguel lo mató Gustavo Petro´

´A Miguel lo mató Gustavo Petro´
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

El
magnicidio de Miguel Uribe Turbay volvió a ser tema de conversación luego de
que María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial,
hablara sobre los avances de la investigación y las preguntas que todavía
rodean el asesinato de su esposo. En una entrevista con Vicky Dávila, la viuda
del exsenador se refirió a quién considera responsable de ordenar el crimen,
reveló información que asegura haber recibido sobre una advertencia previa al
atentado y cuestionó la actuación de la Fiscalía.

Las
declaraciones se conocen después de que Tarazona participara en el lanzamiento
del Primer Simposio de Seguridad, escenario en el que también habló sobre los
posibles responsables del homicidio. Miguel Uribe Turbay fue víctima de un
atentado el 7 de junio de 2025, cuando participaba en un acto político en el
parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. El entonces precandidato recibió
varios disparos y permaneció durante dos meses en una clínica de la capital,
hasta que falleció el 11 de agosto de ese año.

En la
conversación con Semana, Tarazona fue enfática al señalar al presidente Gustavo
Petro. Según explicó, su conclusión parte de una reflexión personal sobre el material
probatorio que, durante un año y cuatro meses, ha recopilado la Fiscalía,
además de información y testimonios que ha recibido por fuera del proceso
judicial.

 “En
mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin
duda alguna la dio Gustavo Petro”, afirmó durante la entrevista.

La viuda de
Miguel Uribe insistió en que se trata de su convicción personal y explicó que
su señalamiento está relacionado con los enfrentamientos políticos que, según
ella, comenzaron cuando su esposo era concejal de Bogotá y Petro ocupaba la
Alcaldía de la ciudad.

Tarazona
recordó que Uribe Turbay ejerció una oposición constante a varias de las
iniciativas de la administración distrital, entre ellas el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) y el proyecto de construir un tranvía por la carrera Séptima.
A su juicio, las diferencias políticas fueron escalando hasta convertirse en
una confrontación personal.

Según
relató, Petro habría comenzado a atacar públicamente a Miguel Uribe desde 2012,
incluso con referencias a su familia y a su abuelo, el expresidente Julio César
Turbay Ayala. La mujer sostuvo que ese ambiente de confrontación continuó
cuando su esposo llegó al Senado y se convirtió en una de las principales
figuras de oposición al Gobierno.

 “Petro
empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia
Miguel”, aseguró.

La
entrevistada también mencionó las críticas que su esposo hizo al partido
Comunes y a integrantes de las antiguas Farc, así como sus cuestionamientos a
la política de paz total del Gobierno. Para Tarazona, ese escenario habría
facilitado las condiciones para que estructuras criminales participaran en el
asesinato.

Sin
embargo, durante la conversación, reconoció que todavía necesita que las
autoridades establezcan y prueben judicialmente quién dio la orden del
magnicidio. Incluso, cuando Dávila le preguntó qué respondería a quienes le
exigen pruebas de sus señalamientos, afirmó que esa es precisamente la lucha
que mantiene ante la Fiscalía.

 “Si
tuviéramos las pruebas, aquí estaríamos hablando de que Petro tiene un proceso
judicial en su contra por la muerte de Miguel. Hoy no lo tenemos”, dijo.

BENEDETTI
EN LA MIRA

Uno de los
apartados más llamativos de la entrevista fue la revelación que Tarazona
aseguró no haber contado anteriormente: una supuesta advertencia que habría
hecho Armando Benedetti, ministro del Interior en ese momento, a un integrante
del Congreso antes del atentado contra Miguel Uribe.

De acuerdo
con la versión que entregó a Vicky Dávila, una persona le contó que Benedetti
se le acercó en el Congreso y le advirtió que podía ocurrir un atentado contra
ella o contra Miguel Uribe.

 “Va a
haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el
blanco”, habría sido la frase que, según Tarazona, el funcionario le dijo a esa
persona.

La viuda
explicó que conoció ese relato en junio de 2026, casi un año después del
atentado. La información habría surgido durante una conversación en la que
hablaban de cómo se habría organizado el crimen y de la posible participación
de estructuras armadas y redes criminales con operaciones en la frontera con
Venezuela.

Tarazona
aseguró que el relato coincide con unos chats que recibió y que entregó a la
Fiscalía. Según explicó, en esos mensajes se mencionaba que el atentado podía
estar dirigido contra Miguel Uribe Turbay o Paloma Valencia.

Al
preguntarle por qué la persona que supuestamente recibió la advertencia no
informó oportunamente sobre ella, Tarazona dijo que no obtuvo una respuesta que
le permitiera esclarecerlo. También manifestó que le gustaría llevar esa
información ante la Fiscalía, pero que su fuente teme por su vida y no estaría
dispuesta a sostener el testimonio ante las autoridades.

La
entrevistada también habló de los chats que entregó a la Fiscalía y aseguró que
el Grupo de Tareas Especiales encontró a las personas mencionadas en esa
información. Según su relato, la investigación mantiene la hipótesis de que la
orden habría sido dada por Marcos Calarcá, integrante de Comunes.

Además,
mencionó una carta que habría llegado a la Fiscalía sobre Enrique Marulanda, a
quien identificó como hijo de Sandra Ramírez y quien, según la información que
dijo conocer, estaría relacionado con la coordinación logística y la
financiación del magnicidio en una zona entre Guainía y Vaupés, cerca de la
frontera con Venezuela y Brasil.

En ese
contexto, Tarazona insistió en que la investigación debe establecer cómo se
habría movilizado el dinero y el armamento utilizado en el atentado. También
señaló al régimen de Nicolás Maduro por una eventual colaboración, al
considerar que el traslado de recursos desde Venezuela difícilmente habría
ocurrido sin conocimiento de las autoridades de ese país.

La viuda
pidió que la Fiscalía profundice en esa línea y que exista cooperación
internacional, particularmente de Estados Unidos, para esclarecer las posibles
conexiones transnacionales del crimen.

Otro de los
puntos centrales de la entrevista fue la inconformidad de María Claudia
Tarazona con el ritmo de la investigación, especialmente con la respuesta que
ha recibido de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Tarazona
contó que ha sostenido reuniones frecuentes con la Fiscalía para pedir
resultados y que, en uno de esos encuentros, Camargo le habría dicho que una de
las líneas fuertes de investigación apuntaba a que el asesinato de Miguel Uribe
podía tratarse de un crimen de Estado.

“Una línea
de investigación fuerte en la Fiscalía es que el crimen de Miguel es un crimen
de Estado”, recordó que le dijo la fiscal en su despacho.

No
obstante, la viuda aseguró que tres meses después de esa conversación no
encontró avances suficientes y expresó su molestia por la respuesta que habría
recibido cuando pidió explicaciones.

Según su
relato, Camargo le manifestó que tenía muchos casos y responsabilidades y que
no podía involucrarse en todos. Tarazona aseguró que le respondió que el
asesinato de un precandidato presidencial era un magnicidio que requería
atención prioritaria.  “Mi problema no es estar brava, mi problema es que
necesitamos saber la verdad”, afirmó.

Aunque
manifestó que confía en el Grupo de Tareas Especiales encargado de la
investigación, reconoció que no se siente tranquila con la actuación de la
fiscal general y que espera resultados concretos sobre las líneas que todavía
están pendientes.

En la
entrevista también se refirió a la presunta presencia de funcionarios de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el parque El Golfito, donde ocurrió
el atentado contra Miguel Uribe.

Tarazona
explicó que existe un video en el que aparecen varias personas que,
inicialmente, podrían estar relacionadas con esa entidad. Según contó, el
material fue sometido a verificaciones por parte de la Fiscalía y otros
organismos para establecer que no hubiera sido alterado mediante inteligencia
artificial u otras herramientas tecnológicas.

La viuda
aseguró que, después de esas revisiones, se determinó que el video era
auténtico. También relató que los investigadores identificaron a las personas
que aparecían en las imágenes y realizaron consultas ante la DNI.

“Que las
personas que estaban en el parque efectivamente formaban parte de la nómina de
la DNI”, afirmó al explicar lo que, según su versión, encontraron los
investigadores.

Ante la
pregunta de cuántos funcionarios habrían estado en el lugar, respondió que
tiene conocimiento de tres.

Tarazona
manifestó que desconoce por qué esas personas se encontraban en el parque y qué
relación tenían con el atentado. Por eso, pidió que se adelanten los
interrogatorios y las verificaciones necesarias para establecer cuál era su
función y si existía algún vínculo con el crimen.

 

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