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Cámara aprobó en primer debate el proyecto que penaliza la maternidad subrogada en Colombia

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Cámara aprobó en primer debate el proyecto que penaliza la maternidad subrogada en Colombia

Cámara aprobó en primer debate el proyecto que penaliza la maternidad subrogada en Colombia
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

La iniciativa fue aprobaba por unanimidad
en su primer debate, el texto contempla penas de hasta 16 años de prisión para
quienes participen en acuerdos de gestación subrogada.

La Comisión Primera de la Cámara de
Representantes aprobó por unanimidad, con 22 votos a favor y ninguno en contra,
el proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en
Colombia. La iniciativa, identificada pretende incorporar al Código Penal un
nuevo delito denominado explotación reproductiva mediante maternidad subrogada.

El proyecto busca impedir los acuerdos
mediante los cuales una mujer gesta uno o varios niños con el compromiso de
entregarlos, después del nacimiento, a la persona o pareja que encargó el
embarazo o a alguien designado por esta. La prohibición tendría en cuenta los
acuerdos remunerados como los gratuitos, independientemente de la procedencia
de los óvulos y espermatozoides o de la técnica de reproducción aislada.

Penalización de maternidad subrogada

Uno de los principales cambios que plantea
la iniciativa es la creación del artículo 188F del Código Penal. Este
establecería penas entre 10 y 16 años, además de multas de 500 a 1.500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

La sanción que pondera la iniciativa
estaría dirigida a quienes encarguen, promuevan, faciliten o financien acuerdos
de maternidad subrogada en el país. También incluiría a quienes contraten,
capten, recluten, trasladen o reciban a una mujer con el objetivo de que geste.

Según el proyecto, también se contempla
sanciones para quienes publiciten o promocionen estos servicios a través de
medios físicos o digitales. Esto incluye la oferta de contratos, programas,
agencias y paquetes médicos, turísticos o jurídicos destinados a concretar
acuerdos de gestación subrogada, incluso cuando estos se realicen fuera de
Colombia.

Un aspecto central del articulado
presentado en la comisión, es que la conducta sería penalizada
independientemente de que exista o no remuneración, compensación o reembolso de
gastos para la mujer gestante. Es decir, el texto no establece una distinción
entre los acuerdos comerciales y aquellos que se realicen de manera gratuita.

¿Cuándo aumentarían las penas?

El proyecto propone ocho circunstancias de
agravación punitiva, bajo las cuales las penas podrían aumentar hasta la mitad.
Entre ellas están el aprovechamiento de la pobreza o vulnerabilidad de la
mujer, que la gestante sea menor de 18 años y que exista violencia, engaño,
amenaza o abuso de poder.

También se contemplan mayores sanciones en
escenarios en los que participen profesionales de la salud, abogados,
funcionarios públicos, notarías o servidores judiciales que faciliten los
acuerdos. Este mismo aumento, se aplicaría si se utilizan clínicas de
fertilidad, instituciones prestadoras de salud, agencias o redes nacionales e
internacionales.

Por últimos, otros de los agravantes se
establecería cuando el responsable obtiene un beneficio económico o patrimonial
de la práctica, así como cuando impone restricciones a la libertad, movilidad,
intimidad o decisiones de la mujer.

Mujeres gestantes serían consideradas
víctimas

El articulado establece que las mujeres que
hayan gestado o se encuentren gestando mediante estos acuerdos serán consideradas
víctimas y no tendrán responsabilidad penal por el delito que se pretende
crear.

En estas situaciones la responsabilidad
recaería sobre quienes encarguen, promuevan, financien o intervengan en la
realización de los acuerdos. Además, el proyecto ordena al Estado garantizar
atención médica, psicológica, jurídica y social a las mujeres involucradas, así
como programas de inclusión social y laboral.

Discusión sobre el trámite como ley
ordinaria o estatutaria

Antes de iniciar su discusión, dentro de la
comisión primera existían diferencia entre los ponentes y el resto de los
representantes sobre la naturaleza jurídica de la iniciativa y el procedimiento
que debía seguir en el Congreso.

Debatían si debía presentarse y discutirse
como ley ordinaria o estatutaria, debido a que el proyecto involucra asuntos relacionados
con derechos fundamentales, como la autonomía reproductiva, la dignidad humana
y la salud.

La diferencia resultaba clave para el
futuro del proyecto porque las leyes estatutarias requieren mayoría absoluta en
cada cámara, deben aprobarse durante una sola legislatura y tienen revisión
previa por parte de la Corte Constitucional. Las leyes ordinarias, por su
parte, siguen el procedimiento legislativo general.

Finalmente se tramitó como Estatutaria y se
aprobó en la Comisión Primera de la Cámara. Superando así su primera etapa,
para continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.

 

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