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Clínicas privadas adeudan más de $16.787 millones a Air-e Intervenida

Clínicas privadas adeudan más de $16.787 millones a Air-e Intervenida



Foto cortesía Air-e Intervenida.

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Una cartera superior a los $16.787 millones mantienen clínicas e instituciones privadas prestadoras de servicios de salud (IPS) con Air-e Intervenida, una situación que genera preocupación por el impacto que tiene sobre las finanzas de la compañía y su capacidad para atender las necesidades de suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.


Aunque Air-e Intervenida ha adelantado reuniones, acercamientos institucionales y otorgado extensos plazos para los pagos y presentado diferentes alternativas para facilitar la normalización de las obligaciones, varias entidades del sector salud continúan sin cumplir oportunamente sus obligaciones frente a la millonaria deuda por el consumo del servicio de energía.

El panorama plantea un desafío adicional para la compañía: por tratarse de instituciones que prestan servicios esenciales y cuentan con protección constitucional, Air-e Intervenida debe garantizar la continuidad del suministro eléctrico, incluso cuando existen importantes saldos pendientes de pago.

Esta condición implica que las clínicas continúan consumiendo energía para desarrollar sus actividades asistenciales, mientras sus obligaciones económicas siguen acumulándose y presionando el flujo de caja de la empresa.

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La deuda en los departamentos
De acuerdo con el consolidado de cartera, La Guajira registra las mayores obligaciones, con aproximadamente $6.590 millones. Le sigue Magdalena, con $6.000 millones y en Atlántico la deuda supera los $4.195 millones.

Entre los casos de mayor cuantía se encuentran Clinivida en Riohacha con una deuda del orden de los $5.000 millones; Clínica San Ignacio, en Barranquilla, con una deuda de $1.609 millones; el Centro Médico Adelita de Char, en Soledad, con más de $1.379 millones y la Clínica Médico Quirúrgica San Pedro Claver en Malambo con una obligación pendiente por energía de 188 millones de pesos; Clínica El Prado en Santa Marta, cuyas cuentas registran obligaciones que superan los $3.736 millones.

También figuran instituciones como Quirutraumas del Caribe, en Fundación, con más de $1.167 millones, y diferentes prestadores de servicios de salud en Riohacha, Maicao, Ciénaga y otros municipios de la región.

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Un llamado a la corresponsabilidad
El director Comercial de Air-e Intervenida, Oscar Lema Nieto, reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de mecanismos que permitan a las instituciones de salud ponerse al día con sus obligaciones, sin comprometer la continuidad de la atención médica a los usuarios.

Sin embargo, considera fundamental que estos prestadores asuman su responsabilidad financiera y establezcan compromisos efectivos de pago. La protección constitucional que garantiza la continuidad del servicio de energía no puede convertirse en una justificación para mantener indefinidamente las obligaciones pendientes.

El pago oportuno de la energía es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la cadena de prestación del servicio eléctrico. Mientras Air-e Intervenida debe continuar suministrando energía a estas instituciones, también necesita contar con los recursos para comprarla, pagarla y mantener en funcionamiento la infraestructura que abastece a millones de usuarios.

Lema Nieto insistió en que la prestación de un servicio esencial como la salud debe ir acompañada de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones económicas, en beneficio de la sostenibilidad de los servicios públicos y de todos los usuarios de la región Caribe.

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