Los contratos que se han firmado, tanto por
organismos del orden nacional como por entes territoriales, se caracterizan, en
su mayoría, por haber sido adjudicados sin garantizar un proceso competitivo
para la oferta, es decir, los contratistas fueron seleccionados a dedo.

En medio de la ofensiva que los grupos
armados ilegales han emprendido contra la fuerza pública y la población civil
en distintas zonas del país haciendo uso de drones, 6AM W. de Caracol, indagó
sobre la inversión que las autoridades colombianas han hecho desde el año 2022
hasta noviembre de 2026 en la adquisición de sistemas anti-drones.

El resultado: al menos 13 contratos que
sumados alcanzan los 230.000 millones de pesos, es decir, cerca de 57 millones
de dólares.

Los contratos que se han firmado, tanto por
organismos del orden nacional como por entes territoriales, se caracterizan, en
su mayoría, por haber sido adjudicados sin garantizar un proceso competitivo
para la oferta, es decir, los contratistas fueron seleccionados a dedo.

Es el caso del contrato firmado en
diciembre de 2024 por el Ministerio del Interior por un monto cercano a 91.000
millones de pesos con CODALTEC para “el desarrollo e implementación de un
sistema integral de Anti Drones para el Ejército Nacional”.

Esta empresa mixta perteneciente al sector
defensa en el pasado había llamado la atención de la Contraloría General pues
se habría convertido en un ‘contratadero’ que firma convenios y contratos sin
contar con la experiencia técnica para este tipo de ofertas. De hecho, la
señalan como un intermediario que luego subcontrata sin seguir los principios
de transparencia en la contratación pública.

Ese esquema de entrega de contratos sin
cumplir con los requisitos legales se repite de diversas formas en la compra de
los sistemas anti-drones. Por ejemplo, el contrato que la gobernación del Meta
firmó por 5.000 millones de pesos con la Red SUMMA se dio sin proceso de
selección aprovechando que esta es una organización de carácter mixto con la
cual se pueden hacer convenios sin proceso de licitación. O los 4.100 millones
de pesos que en diciembre de 2024 pagó la gobernación del Cauca a la compañía
Biotelecomm sin hacer un proceso de selección justificando la contratación
directa por cuenta de una “urgencia manifiesta”.

El departamento del Valle del Cauca es el
que más contratos firmó durante el periodo verificado con el fin de adquirir
sistemas anti-drones. En julio de 2024 firmó un contrato por 2.200 millones con
Atlantic Tactical Group SAS y otro por 1.200 millones con BTC Intelligence SAS
ambos para la adquisición de sistemas anti-drones. Pero en 2025 también hubo
contrato con BTC Intelligence SAS para equipos anti-drones, esta vez por 1.000
millones de pesos. Un año después el contrato de adquisición de drones a BTC
Intelligence SAS fue por 841 millones de pesos.

Otro caso llamativo es el que une a la
Policía metropolitana de Cúcuta y la de Popayán, pues ambas coincidieron en la
compra de equipos anti-drones a una misma unión temporal con apenas dos meses
de diferencia. Cúcuta pagó a la Unión Temporal G&G 2025 en octubre de 2025
la suma de 17.000 millones de pesos por la adquisición de sistemas anti-drones.
En diciembre del mismo año, fue la Policía de Popayán la que adjudicó a la
Unión Temporal G&G 10.000 millones de pesos para la compra de sistemas
anti-drones.