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Corte Suprema condena a exfiscal por interceptar a dos compañeros

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Corte Suprema condena a exfiscal por interceptar a dos compañeros

Corte Suprema condena a exfiscal por interceptar a dos compañeros
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

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La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia condenó a María Eugenia Taborda Franco, exfiscal de la
Unidad Regional Antinarcóticos de Pereira, por ordenar en 2019 la
interceptación de las comunicaciones de dos compañeros de la Fiscalía sin
contar con motivos válidos para hacerlo.

La funcionaria fue sentenciada a 70 meses
de prisión, equivalentes a cinco años y diez meses, además de una multa de
83,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para
ejercer cargos públicos durante 110 meses.

La Corte también le negó la posibilidad de
cumplir la pena en prisión domiciliaria o acceder a la suspensión condicional
de la condena.

La decisión revocó parcialmente el fallo
del Tribunal Superior de Pereira, que en agosto de 2025 había absuelto a la
exfiscal de todos los cargos.

Tras revisar las pruebas, la Corte concluyó
que Taborda ordenó interceptar, de manera consciente, dos líneas telefónicas
sin verificar la información que supuestamente justificaba la medida y sin
comprobar quiénes eran sus titulares.

Los números pertenecían a los fiscales
Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, quienes adelantaban
investigaciones contra organizaciones delincuenciales de la región. Las
comunicaciones fueron interceptadas entre el 14 de marzo y el 12 de abril de
2019.

Las razones de la condena

La Corte también encontró irregularidades
en la decisión con la que Taborda archivó la investigación, el 31 de marzo de
2020, luego de que la exfiscal afirmara que el proceso buscaba establecer
delitos relacionados con el narcotráfico y el concierto para delinquir, aunque
desde el comienzo estaba dirigido a investigar un posible caso de cohecho
propio, es decir, un eventual soborno a un funcionario público.

Además, en la orden de archivo señaló que
las líneas intervenidas pertenecían a un integrante de la organización criminal
Cordillera, cuando en realidad eran de sus dos compañeros de la Fiscalía.
También sostuvo que no había sido posible identificar a las personas
involucradas.

Otro punto que llamó la atención de la
Corte fue que, aunque Taborda solicitó cancelar las interceptaciones el 12 de
abril de 2019, las líneas de los dos fiscales permanecieron activas en el
sistema de monitoreo hasta el 28 de agosto de ese año.

En ese sentido, la Sala ordenó enviar
copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por qué las
líneas siguieron intervenidas durante más de cuatro meses, pese a la orden de
suspensión.

BOGOTÁ, (Colprensa).-

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