La Corte Constitucional acaba de poner nuevas órdenes sobre
la mesa para intentar destrabar la crisis de infraestructura carcelaria que
enfrenta el país.

De acuerdo con la decisión, se incluyen dos medidas
fundamentales, por un lado, buscar soluciones para construir y adecuar cárceles
y, por otro, sacar de las estaciones de Policía a 2.615 personas privadas de la
libertad que llevan más de un año en esos lugares, pese a que están destinados
únicamente para detenciones transitorias.

La decisión
fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional
Penitenciario y Carcelario, mediante el Auto 1460 de 2026, con ponencia del
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Las entidades tendrán que destrabar las obras carcelarias

Uno de los principales problemas que encontró la Corte es
que el modelo tradicional de financiación pública y ejecución estatal ha
resultado insuficiente para responder al déficit de cupos y mejorar las
condiciones de los establecimientos penitenciarios.

Pero el problema no es solamente la falta de recursos. También
hay proyectos que no avanzan, obras inconclusas y espacios que, aunque
recibieron inversiones, no están funcionando ni se han convertido en nuevos
cupos para las personas privadas de la libertad.

La Procuraduría documentó deterioro estructural, fallas en
los servicios sanitarios y obras sin terminar. Y la Contraloría identificó 122
hallazgos, además de advertir que las inversiones realizadas no han generado
cupos efectivos ni han permitido poner en funcionamiento espacios operativos.

La Corte encontró cuatro dificultades principales: primero,
se han calculado por debajo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar
las obras; segundo, existe una dependencia casi exclusiva de los recursos
públicos; tercero, se ha privilegiado la construcción de infraestructura física
sin atender suficientemente los programas de resocialización y las condiciones
de reclusión; y cuarto, no se han comparado suficientemente las diferentes
alternativas para financiar y ejecutar los proyectos.

Una mesa técnica para buscar soluciones

Frente a este panorama, la Corte ordenó crear una mesa
técnica interinstitucional que tendrá que identificar por qué están frenados
los proyectos y establecer cómo se pueden sacar adelante.

En esa instancia deberán participar el Ministerio de
Justicia, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Hacienda, el
Departamento Nacional de Planeación, la USPEC, el INPEC y la Sociedad de
Activos Especiales.

También tendrán participación, con voz técnica, la
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. ¿Y qué tendrán que
hacer? Básicamente, revisar las barreras jurídicas, técnicas, presupuestales y
administrativas que han impedido avanzar; comparar las diferentes modalidades
de contratación y financiación, y determinar cuál resulta más conveniente para
cada proyecto.

Aquí hay un
punto importante, la Corte no está ordenando que las cárceles se construyan
mediante asociaciones público-privadas, ni está imponiendo una modalidad
contractual específica.

Lo que está
exigiendo es que las entidades estudien todas las alternativas disponibles,
incluidas la obra pública, la contratación estatal ordinaria y las asociaciones
público-privadas, y justifiquen técnicamente cuál conviene en cada caso.

De hecho, la Sala encontró un problema de coordinación
institucional, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que no está
estructurando proyectos penitenciarios porque el Ministerio de Justicia no se
lo ha solicitado.

Para la Corte, esto evidencia que las entidades no han
trabajado conjuntamente para evaluar las opciones que permitirían superar el
déficit de infraestructura.

La mesa tendrá dos plazos importantes, tres meses después de
su instalación para presentar un primer informe con las barreras identificadas
y los establecimientos que deben ser priorizados; y seis meses para entregar un
diagnóstico estructural definitivo, recomendar las alternativas para cada
proyecto y establecer una hoja de ruta con responsables, cronogramas y metas
verificables.

Las funciones de seguridad seguirán en manos del Estado

La Corte también dejó claras las condiciones que deberán
respetarse si se contempla la participación de privados en la construcción o
financiación de las cárceles.

Las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y
tratamiento penitenciario no podrán entregarse a particulares. Seguirán siendo
responsabilidad del Estado.

Sumado a eso, cualquier contrato deberá incluir indicadores
de desempeño, mecanismos de supervisión y cláusulas que impidan que las nuevas
instalaciones terminen reproduciendo situaciones de hacinamiento.

La Corte
fue enfática en que los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad deben estar por encima de cualquier consideración de rentabilidad
económica.

2.615
personas llevan más de un año en estaciones de Policía

Pero la
decisión también incluye una orden inmediata que busca atender una de las situaciones
más graves de la crisis carcelaria, la permanencia prolongada de personas
privadas de la libertad en estaciones de Policía.

De acuerdo
con cifras de la Policía Nacional del 6 de abril de 2026, la Corte encontró que
2.567 personas imputadas y otras 48 condenadas llevaban más de un año en estos
lugares.

En total,
son 2.615 personas que permanecen en espacios que no fueron diseñados para
funcionar como cárceles.

Hay que
recordar que las estaciones de Policía son centros de detención transitoria y
que el límite constitucional de permanencia es de 36 horas.

Por eso, la
Sala considera que mantener durante meses e incluso años a estas personas en
esas condiciones representa una vulneración grave, sistemática y continuada de
sus derechos fundamentales.

Frente a
esta situación, ordenó al INPEC, a la USPEC y a la Policía Nacional elaborar,
dentro de los próximos dos meses, un plan de traslado progresivo de estas 2.615
personas.

Ese
documento deberá identificar a cada persona, establecer a qué establecimiento
será trasladada, verificar los cupos disponibles y fijar metas mensuales que
permitan hacer seguimiento al cumplimiento de la orden.

Sumado a
eso, hay una condición fundamental: los traslados no podrán generar nuevas
situaciones de hacinamiento en las cárceles receptoras. Si no existen cupos
suficientes, el plan tendrá que contemplar medidas para enfrentar esa
dificultad.

El
hacinamiento no se resuelve solamente construyendo cárceles

Finalmente,
la Corte hizo dos llamados adicionales; por un lado al Congreso de la República
le pidió evaluar mecanismos para financiar, construir, adecuar y mantener la
infraestructura destinada a la detención transitoria, teniendo en cuenta la
política de desmonte progresivo de estos centros.

Y también
exhortó al Congreso y al Consejo Superior de Política Criminal a estudiar
medidas para reducir la demanda de cupos carcelarios.

Entre las
alternativas mencionó mecanismos diferentes a la prisión, medidas distintas a
la detención preventiva, programas de prevención del delito, resocialización y
mecanismos de libertad anticipada.

La
advertencia de la Corte es clara, construir más cárceles puede ayudar a
enfrentar el déficit de cupos, pero por sí solo no soluciona el hacinamiento.

Se
necesitan cambios en la política criminal, mejor coordinación institucional y
garantías reales para los derechos de quienes están privados de la libertad.

/la fm