Ante un saldo pendiente superior a los 1.900 millones de pesos por el consumo de energía eléctrica, la Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para solicitar información detallada sobre dichas obligaciones.
El Ministerio Público requirió a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello un balance de las gestiones administrativas y financieras adelantadas para normalizar este pasivo.
De igual forma, exigió acreditar las apropiaciones, certificados de disponibilidad (CDP) y registros presupuestales (RP) destinados a garantizar el pago de este servicio público esencial.
El Ministerio Público recordó que, en virtud del artículo 12 de la Ley 142 de 1994 y la Directiva 016 de 2026, las entidades oficiales tienen el deber especial de incorporar en sus presupuestos los recursos suficientes y efectuar el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios.
*Con información de Procuraduría General de la Nación