El Ministerio Público abrió un seguimiento preventivo y solicitó a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello información sobre las gestiones adelantadas para pagar la deuda y los recursos presupuestales destinados a cubrir el servicio de energía eléctrica.
La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento preventivo al Distrito de Santa Marta por una deuda superior a los 1.900 millones de pesos con la empresa Air-e, correspondiente al consumo de energía eléctrica.
Mediante un requerimiento anunciado este miércoles 18 de noviembre, el organismo de control solicitó a la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello un informe detallado sobre las obligaciones pendientes y las acciones administrativas y financieras adelantadas para normalizar los pagos.
La Procuraduría también pidió a la Alcaldía acreditar los recursos destinados a cubrir esta obligación, mediante la presentación de las apropiaciones presupuestales, los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y los registros presupuestales (RP) correspondientes.
¿Qué establece la ley sobre estas deudas?
El Ministerio Público recordó que el artículo 12 de la Ley 142 de 1994 establece obligaciones especiales para las entidades públicas frente al pago de los servicios públicos domiciliarios.
Esta disposición señala que las instituciones oficiales deben incluir en sus presupuestos recursos suficientes para atender estos gastos y cumplir oportunamente con los pagos. Su incumplimiento puede constituir una causal de mala conducta para los funcionarios responsables.
Asimismo, la Procuraduría hizo referencia a la Directiva 016 de 2026, mediante la cual reiteró a las entidades públicas la necesidad de garantizar los recursos para el pago de estos servicios.
Por ahora, la actuación corresponde a un seguimiento preventivo y no a una sanción disciplinaria. El organismo de control no precisó en su comunicado a qué periodos de facturación corresponde la deuda ni informó sobre un cronograma de pago acordado con Air-e.
El requerimiento deja pendiente conocer qué medidas ha adoptado la administración distrital para atender la obligación y si cuenta con los recursos necesarios para ponerse al día con la empresa de energía.