Diez años de retrasos, $5.050 millones comprometidos, cinco prórrogas, protestas ciudadanas y una investigación de la Procuraduría marcaron esta obra. Carlos Pinedo finalmente abrió sus puertas, pero detrás de la inauguración quedó una historia de promesas incumplidas y responsabilidades políticas.
Gaira tuvo que esperar casi diez años para conseguir algo que debería ser elemental: un centro de salud funcionando para atender a sus habitantes. Lo que comenzó como un proyecto con un plazo de ejecución de apenas diez meses terminó convertido en una de las historias más polémicas de la infraestructura pública de Santa Marta.
Este martes 3 de noviembre, el alcalde Carlos Pinedo entregó la nueva infraestructura. Hubo fotografías, acto protocolario y anuncios de apertura. Sin embargo, detrás de la ceremonia existe una historia que no se puede borrar con una cinta de inauguración: tres administraciones pasaron por la Alcaldía, millones de pesos quedaron comprometidos, los habitantes salieron a protestar y la Procuraduría terminó poniendo el proyecto bajo su lupa.
La obra finalmente abrió sus puertas, pero el recorrido hasta llegar a este día dejó interrogantes sobre la planeación, la contratación y la capacidad de los gobiernos para cumplirle a una comunidad que durante años reclamó atención médica.
La historia comenzó en 2016, cuando fue demolida la antigua infraestructura para construir un nuevo centro asistencial. El proyecto contemplaba un plazo de ejecución de diez meses, pero las fechas de entrega comenzaron a aplazarse.
Durante los gobiernos de Rafael Martínez y Virna Johnson se anunciaron avances y compromisos que no consiguieron traducirse en la apertura del establecimiento.
En marzo de 2023, Virna Johnson informó que la construcción tenía un avance del 85 %. Sin embargo, los reportes posteriores mostraron diferencias entre los porcentajes divulgados y los registros de ejecución consultados por medios de comunicación.
En abril de 2024, Seguimiento.co publicó cifras del Departamento Nacional de Planeación que registraban un avance físico del 63,28 % y financiero del 70,83 %. La distancia entre los anuncios y los registros terminó alimentando las críticas sobre el manejo del proyecto.
Gaira seguía esperando mientras la infraestructura permanecía sin prestar servicios.
El presupuesto también se convirtió en motivo de controversia. La inversión inicialmente proyectada, cercana a los $3.548 millones, llegó a aproximadamente $5.050 millones.
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del proyecto, entre ellas problemas con la licencia de construcción, los diseños técnicos y las distancias exigidas frente a una vía de primer orden.
El organismo de control también advirtió sobre los riesgos que estas situaciones podían representar para los recursos públicos.
El capítulo más delicado llegó en noviembre de 2024, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa Virna Johnson, el entonces gerente distrital de Infraestructura, Jonatan Nieto Gutiérrez, y el representante legal de la firma interventora, José Antonio Bernardelli Garrido.
La investigación se relacionó con presuntas omisiones en la gestión de la licencia y deficiencias técnicas del proyecto. La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas graves.
Es importante aclarar que la formulación de cargos no representa una sanción ni demuestra por sí sola responsabilidad disciplinaria. El proceso debe seguir su curso.
Cuando Carlos Pinedo llegó a la Alcaldía, el centro de salud todavía no estaba funcionando. Su administración permitió inicialmente que se intentaran completar los trabajos, pero las dificultades persistieron.
En mayo de 2025 se produjo la liquidación del contrato, luego de que el Distrito señalara incumplimientos y problemas en la ejecución.
La decisión abrió otro capítulo de la controversia: terminar la relación contractual no significaba que el centro pudiera comenzar a recibir pacientes. Todavía quedaban trabajos, conexiones de servicios públicos y actuaciones administrativas pendientes.
En enero de 2026, los reportes periodísticos advertían que las conexiones de agua potable y energía eléctrica seguían representando dificultades para la apertura.
La administración de Pinedo tuvo que continuar las gestiones para llevar la infraestructura hasta su etapa de funcionamiento.
Ahora el alcalde puede mostrar la entrega como un resultado de su gobierno, aunque sería incompleto atribuirle la totalidad de una obra que nació y avanzó durante administraciones anteriores.
La comunidad tampoco permaneció en silencio.
En 2021, habitantes del corregimiento salieron a las calles para reclamar por las demoras de diferentes obras públicas, entre ellas el puesto de salud y el coliseo deportivo.
En 2024 volvieron los cuestionamientos por las fechas de entrega y los porcentajes de ejecución. En enero de 2026 se convocaron nuevas movilizaciones para exigir que el establecimiento comenzara a funcionar.
La inconformidad tenía una razón concreta: mientras se anunciaban avances administrativos, los habitantes seguían necesitando atención médica cercana y debían acudir a otros establecimientos para resolver sus necesidades de salud.
La espera terminó convirtiendo una obra pública en un problema de confianza entre la comunidad y sus gobernantes.
La apertura del centro de salud representa un avance para Gaira, pero todavía queda una evaluación fundamental: la calidad y continuidad de los servicios.
La E.S.E. Alejandro Próspero Reverend tendrá la responsabilidad de garantizar la atención. Los habitantes necesitan conocer qué especialidades estarán disponibles, cuántos profesionales trabajarán en la sede, cuáles serán los horarios y qué capacidad tendrá para atender emergencias.
También se han planteado solicitudes relacionadas con una ambulancia permanente, mejores accesos y servicios médicos que respondan a las necesidades de Gaira, La Paz, Cristo Rey y sectores cercanos.
Una infraestructura puede estar terminada y tener consultorios dotados, pero su verdadero valor se mide cuando un paciente encuentra un médico, recibe atención oportuna y puede acceder a los servicios sin tener que desplazarse grandes distancias.
Rafael Martínez, Virna Johnson y Carlos Pinedo quedaron vinculados a diferentes etapas de una obra que terminó atravesando casi una década de decisiones administrativas.
Los primeros gobiernos tuvieron responsabilidades en el desarrollo del proyecto; la administración de Johnson terminó bajo cuestionamientos de los organismos de control, y la actual Alcaldía asumió la tarea de resolver los obstáculos contractuales y avanzar hacia la apertura.
La entrega permite cerrar una larga espera, pero no debería cerrar el debate sobre el manejo de los recursos públicos ni sobre las responsabilidades que puedan establecer las autoridades competentes.
Gaira ya tiene las puertas de su centro de salud abiertas. Ahora los habitantes esperan que no tengan que pasar otros diez años para conseguir lo que sigue: médicos, medicamentos, servicios permanentes y atención digna.