La JEP imputa a Timochenko, Pastor Alape y otros nueve
excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad los
señala como máximos responsables de graves hechos de violencia cometidos por
los antiguos bloques Caribe y Magdalena Medio durante el conflicto armado.

Entre los
episodios que hacen parte de esta investigación están el ataque con el llamado
‘burro bomba’ en Chalán, Sucre; la masacre de la finca La Duquesa, en Norte de
Santander, y el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial
Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, en 2002.

Once antiguos comandantes señalados

La imputación cobija a Rodrigo Londoño, conocido como
‘Timochenko’, y a Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’, quienes
hicieron parte de la antigua cúpula de las Farc.

También fueron vinculados otros nueve excomandantes
regionales: por el Bloque Magdalena Medio, Erasmo Traslaviña, alias ‘Jimmy
Guerrero’; Pedro Trujillo, conocido como ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo
Cala, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.

Por el Bloque Caribe, también conocido como Martín Caballero,
fueron imputados Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando
González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro
Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo, ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y
Héctor Enrique Hernández, ‘Fabio Borges’.

Los delitos que les atribuye la JEP

La Sala les atribuye crímenes de guerra como homicidio,
desplazamiento forzado, ataques intencionales contra la población civil y
contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, entre ellos
hospitales, escuelas e iglesias.

También deberán responder por torturas, tratos crueles,
violaciones y otras formas de violencia sexual.

En materia de crímenes de lesa humanidad, la imputación incluye
asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros
actos inhumanos.

La gravedad de estas conductas es determinante: se trata de
delitos que no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.

El burro bomba y otros ataques contra la población

Entre los hechos más impactantes documentados está la toma
guerrillera de Chalán, Sucre, en 1996. Allí, integrantes del Frente 35
utilizaron un burro cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos
para atacar a la fuerza pública.

La detonación provocó la muerte de 11 policías, destruyó
parte del casco urbano y generó el desplazamiento de numerosos habitantes. La
población quedó prácticamente desocupada, al punto de que el municipio fue
conocido como el ‘pueblo candado’.

La JEP también incluyó el atentado contra la caravana de
Álvaro Uribe Vélez, cuando era candidato presidencial, en Barranquilla, en
2002. Un vehículo cargado con explosivos fue utilizado para atacar la caravana,
dejando cinco civiles muertos y varias personas heridas.

Otro de los
episodios es la masacre de la finca La Duquesa, en zona rural de Tibú, Norte de
Santander. En 2004, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre
ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.

A estos
hechos se suma el atentado con carro bomba contra Caracol Radio, en Bogotá, en
agosto de 2010, que dejó nueve personas heridas.

Dos
patrones de violencia

La
investigación identificó dos grandes patrones en el accionar de estas
estructuras guerrilleras.

El primero
corresponde al control social y territorial mediante amenazas, asesinatos,
desplazamientos y persecuciones contra personas señaladas de colaborar con la
fuerza pública o con grupos paramilitares. También se documentaron agresiones
contra líderes comunitarios, docentes, comerciantes y autoridades locales.

El segundo
está relacionado con las acciones armadas y los ataques durante las
hostilidades, particularmente las tomas guerrilleras, emboscadas y utilización
de explosivos en zonas habitadas, con graves consecuencias para la población
civil.

Para llegar
a esta decisión, la JEP estudió los relatos de 733 víctimas, 72 informes
presentados por víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones
colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de las Farc, además de
1.859 denuncias de la Fiscalía.

¿Qué sigue
para los excomandantes?

Ahora, los
11 comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para manifestar
por escrito si reconocen o rechazan los hechos y su responsabilidad.

Además, la JEP
estableció el 8 de febrero de 2027 como fecha límite para que aporten
información sobre 54 personas desaparecidas cuyo paradero sigue siendo
desconocido. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán
presentar sus observaciones.

Si los
excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, podrán avanzar
hacia una audiencia pública de reconocimiento y eventualmente recibir sanciones
propias de la justicia transicional, con restricciones efectivas de derechos y
libertad, pero sin cárcel ordinaria.

Pero si
rechazan los cargos, sus procesos pasarán a la Unidad de Investigación y
Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar un juicio y recibir condenas de
hasta 20 años de prisión.

Se trata de
una de las decisiones de imputación más relevantes dentro de la investigación
sobre los crímenes cometidos por las antiguas Farc en el Caribe y el Magdalena
Medio, que busca establecer responsabilidades por hechos que dejaron cientos de
víctimas y profundas heridas en las comunidades.

/la fm